El jurista Namphi Rodríguez consideró que con la penalización del aborto el Congreso desanda sus propios pasos al sancionar una legislación que rechazó hace dos años y criticó que ahora se pretenda obligar a las mujeres víctimas de violaciones sexuales a retener el embarazo, lo cual vulnera la Constitución y la Convención Internacional contra la Tortura.
Rodríguez alertó que con la supresión de la eximente del artículo 110 del proyecto de Código Penal se castigará con penas de dos a tres años de prisión a esas víctimas y a aquellas que prescindan de sus embarazos por malformaciones del embrión incompatibles con la vida.
Censuró como un acto de incoherencia legislativa y política el hecho de que prácticamente los mismos legisladores que aprobaron en el 2014 una eximente en casos especiales, ahora se decantan con lo contrario cuando hasta el papa Francisco ha ordenado a sus presbíteros perdonar el aborto.
En un acto de malabarismo se suprimió la eximente del artículo 110, pero se dejaron los artículos precedentes, del 107 al 109 del proyecto de Código, que criminalizan el aborto imponiendo sanciones a la propia mujer que es víctima de violación y penas de hasta 20 años a los facultativos médicos, eso entra en un umbral de inconstitucionalidad, sostuvo.
Recordó que el país ratificó en enero de 2012 la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, que contempla que ninguna persona puede ser sometida a procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o su integridad física o psicológica.
Reseñó que en términos similares, el artículo 42 de la Constitución establece que es imperativo para el Estado garantizar el derecho de las personas a que se respete su integridad y a vivir sin violencia.
