Congreso Nacional bajo presión eclesiástica en 2015

El Congreso de la República en el periodo que recientemente concluye fue un espacio de atención nacional, debido a la cantidad de iniciativas debatidos que suscitaron grandes debates entre amplios sectores del país e internacionalmente.
 
Una de la iniciativa que durante todo el año 2015, sin lugar a dudas provocó dimes y diretes entre sectores de las iglesias y organizaciones de la sociedad civil, fue el proyecto de ley que busca promover la enseñanza de la salud sexual y reproductiva en el sistema educativo del país.
 
En reiteradas ocasiones decenas de religiosos se concentraron frente a la sede del Poder Legislativo para rechazar el conocimiento de la pieza, que pretende promover la enseñanza sobre la salud sexual y reproductiva en las escuelas.
 
Dicho contenido establece, además, en su artículo 64 que la mujer podrá solicitar la interrupción de un embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación cuando este haya sido causado por una violación sexual o incesto.
 
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Fidel Lorenzo, dijo que no pueden permitir la aprobación de esta iniciativa por considerarla contraria a la ley de vida. Los evangélicos entienden que es inaceptable que el embarazo pueda ser detenido, y que no existe ninguna justificación para ello.
 
En tanto que el diputado proponente, Cristian Paredes, manifestó que una gran parte de católicos y de otras sectas religiosas ignoran por completo el contenido y propósito de la ley de salud sexual y reproductiva.
 
Modificación Carta Magna
 
Un tema que no solo dividió a la población, sino hasta a los partidos políticos del sistema, fue la introducción en el Congreso Nacional de la Reforma Constitucional, para lograr la postulación por dos periodos consecutivo del actual Presidente de la República Danilo Medina.
 
Pese a que senadores y diputados del oficialismo negaron que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hubiese crisis, por la reforma a la Carta Magna, que estableció la reelección presidencial por dos periodos consecutivos y nunca más, todo quedó develado por los acuerdos arribados entre ellos, los cuales resumen su permanencia en los cargos.
 
Los escándalos por las supuestas compras de consciencia no quedaron atrás, cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y sus legisladores decidieron apoyar en la Asamblea Nacional la reelección presidencial, la cual permite al presidente Danilo Medina presentarse por un segundo periodo consecutivo en el proceso electoral del 15 de mayo del 2016.
 
Préstamos a granel
 
Otro tema que despertó gran interés en el Congreso Nacional fue la cantidad de préstamos sancionados a favor del Poder Ejecutivo, para ejecución de obras y complementar el déficit en gastos y proyectos correspondientes al 2015.
 
Durante el periodo enero –septiembre correspondiente al año que finaliza, el Congreso Nacional aprobó nuevas contrataciones de deudas externas, por un monto ascendente a US$1,955.9 millones, para el financiamiento de inversión pública, así como el apoyo presupuestario.
 
En inversión pública se sancionaron empréstitos por un valor de US$1,422.4 millones, mientras que adicionalmente se aprobaron otras contrataciones depositadas en el Congreso Nacional en periodos anteriores por US$833.0 millones.
 
El 7 de enero de 2015, el organismo legislativo aprobó seis préstamos por un monto global de unos RD$683 mil millones, obtenidos mediante diversos financiamientos de organismos multilaterales internacionales.
 
De igual manera, los préstamos sancionados a favor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), como organismo ejecutor para ser utilizados en el financiamiento de apoyo al Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas, así como empréstitos por US$2000 mil millones para la construcción de las dos termoeléctricas en Punta Catalina del municipio de Baní, provincia Peravia, generaron críticas de los principales sectores del país, por la forma de licitación llevada a cabo para la ejecución de las obras, ya que denunciaron una supuesta sobreevaluación por más de US$1000 millones.
 
Las pifias en el Congreso
 
Como en el béisbol, los legisladores cometieron algunos errores que conllevaron a generar rechazos en diferentes estamentos de la vida nacional. Entre los principales deslices se encuentra la anulación por el Tribunal Constitucional (TC), del Código Penal, en cuyo contenido se trataba el debatido tema del aborto terapéutico; sin embargo, esto se debió al incorrecto procedimiento en su aprobación y no a las observaciones del Poder Ejecutivo.
 
También resultó controvertida ante de su aprobación, la promulgación de la nueva Ley de Notarios de la República, por la cantidad de beneficios que otorga a los facultativos de esa área, según apuntaron sectores interesados en el tema.
 
Asimismo, el proyecto, aún en estudio en el Senado, que crea el examen único de residencias médicas, mantuvo enfrentadas a las universidades con el Congreso Nacional y el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.
 
Igualmente, el proyecto de ley mediante el cual se prohíbe el uso de teléfonos celulares desde las cárceles y establece el bloqueo de señales de telefonía móvil en los centros penitenciarios de la República Dominicana, el cual fue exigido por diferentes instituciones gubernamentales, debido a la cantidad de delitos planificados desde los centros penitenciarios del país.
 
Otra de las iniciativas que más ruidos generaron en el año fue la modificación del Código Civil de la República Dominicana, a causa de que ambos cuerpos legislativos, dígase senadores y diputados, conocieron sus propias leyes, sin ponerse de acuerdo.
 
También la ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, ya que la iniciativa legislativa fue engavetada nuevamente, por lo que las elecciones pautadas para el 2016 no podrán contar con un marco regulador que destaque la transparencia de las entidades, especialmente en el gasto de los recursos y de donde provienen los financiamientos.
 
De igual manera, los proyectos de ley de Ordenamiento Territorial y uso de suelo y de control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, se encuentran en estudio por la cantidad de opiniones encontradas para su conocimiento y aprobación.
 
El año concluye con la ratificación, en vísperas de la navidad, de dos contratos de préstamos por 360 millones de dólares, destinados a financiar los programas de apoyo a la consolidación del sector salud y seguridad social; así como para las políticas de desarrollo y gestión de las finanzas públicas.

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