Al llamado a un boicot contra el turismo en República Dominicana, por parte del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se sumaron el alcalde de Boston, Martin J. Walsh, y la senadora estatal de origen haitiano, Linda Dorcena Forry, todos los cuales han encontrado el rechazo del Gobierno y de amplios sectores del país.
 
Los anteriores han expresado su desacuerdo con la política migratoria nacional para regularizar el estatus de los extranjeros en el país, y promueven públicamente protestar por las eventuales deportaciones de inmigrantes haitianos anunciadas por el Gobierno dominicano.
 
Las reacciones no se hicieron esperar…
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, al opinar sobre el particular, lo atribuyó a una campaña de maledicencia que busca generar un malestar en la opinión pública y estimular a las minorías para eventuales repostulaciones.
 
Afirmó que todo eso obedece a intereses creados por funcionarios electivos que pretenden contar con el voto de ciertas representaciones extranjeras en sus respectivos países, quienes no tienen el conocimiento de lo ocurrido en la nación ni de las fórmulas de soluciones institucionales.
 
Dijo que el país está cumpliendo con su deber de respetar su soberanía y el derecho que tiene de disponer todo lo relativo a las migraciones de extranjeros.
 
El funcionario sostuvo que los sectores más sensatos que han examinado el proceso de regulación sin prejuicios, han coincidido en reconocer no solo su validez, sino las condiciones de respeto a los derechos humanos en las cuales se ha desarrollado.
 
Pina Toribio expuso que lo que se ha dicho sobre el proceso son falacias, inventos y burdas mentiras fáciles de demostrar, lo cual dijo habla muy mal de quienes patrocinan estas campañas con otros propósitos totalmente distanciados de ayudar a estos migrantes.
 
“Simplemente están procurando esta campaña de descrédito contra la República Dominicana, de la que estoy seguro saldremos libres, absolutamente libres, porque no hay país del mundo que no reconozca el derecho a disponer todo lo relativo a la migración de extranjeros en su territorio”, apuntó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y concluyó que pese a las maniobras de informaciones sobre el proceso, Haití sigue hablando en contra del país, “porque de lo que se trata es de esconder el bulto, ocultar su propia culpa, su incapacidad y, en algunas circunstancias, hasta su falta de interés y sensibilidad para proveer la documentación correspondiente a sus ciudadanos”.
 
Otra voz que se ha alzado en torno al espinoso tema es la del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien anotó que ante el descrédito al que quieren llevar al país, se hará lo que se tenga que hacer.
 
Afirmó que lo que ha hecho esta nación por Haití no lo ha realizado ningún otro, pues haber documentado más de 300 mil personas es un hito. Subrayó que si no se hizo más fue porque el Estado haitiano no ayudó, no respondió a sus ciudadanos.
 
Sin embargo, dijo Peralta que cada día son más los haitianos que deciden irse de forma voluntaria: “Están saliendo inclusive más de la cantidad prevista, y esto sería lo ideal, ojalá todos salgan así y que no haya que deportarlos”, destacó.
 
Aclaró que los nacionales que se marchen por su cuenta a Haití y cuyo gobierno entrega la documentación requerida, podrán volver otra vez, y mediante el consulado llenar todos los requisitos para venir a trabajar a República Dominicana.
 
Por su parte, monseñor Agripino Núñez Collado llamó al Gobierno dominicano a seguir fortaleciendo su defensa a favor del país, frente a los organismos internacionales y aplaudió la labor que ha estado desarrollando el canciller de la República, Andrés Navarro, en foros extranjeros, en los cuales ha dejado sentado el propósito de la nación de realizar un proceso justo y acorde a los derechos humanos.