Un pleno de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado argentino debatirá hoy la reforma de los servicios de inteligencia del país, propuesta por la presidenta Cristina Fernández.
Encabezan la presentación y defensa de la iniciativa el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el director y subdirector de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente.
Parrilli y Mena asumieron esos puestos el pasado diciembre cuando la mandataria desplazó a la cúpula de la SI y a los directores y jefes de sus diversos departamentos, una treintena de oficiales y agentes.
Ese fue un primer paso para depurar los servicios secretos argentinos impregnados de rezagos y vestigios de la época de la última dictadura cívico-militar y acusado de trabajar coordinadamente con agencias extranjeras, según reportes periodísticos que mencionan a la CIA y a Mossad de Israel.
Acorde con lo programado, durante el martes se debatirá el anteproyecto y el miércoles concurrirán invitados a dar su opinión y propuestas como una representación del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Ese mismo día se someterá el proyecto a dictamen.
De obtener dictamen favorable el miércoles -y es lo más seguro- la propuesta pasará a debate y aprobación en el plenario del Senado una semana después, el 11 de febrero.
Por otro lado, la diputada Teresa García, titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, convocó a ese órgano para una audiencia especial este venidero jueves.
Ese panel debe emitir opinión en relación con todo el proyecto legislativo vinculado a las actividades de Inteligencia.
La iniciativa disuelve la SI y transfiere la función y el personal a la nueva Agencia Federal de Inteligencia, cuyo director y subdirector serán designados por el Poder Ejecutivo con el aval del Senado y serán sustituidos cada cuatro años.
Entre otros lineamientos, establece que las escuchas telefónicas estarán bajo la jurisdicción de la Procuración de la Nación y fija un plazo que no podrá ser «inferior a 25 años» para desclasificar los archivos.
La nueva agencia tendrá competencia en la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos económicos y cibernéticos, entre otros.
