La región caribeña, con aproximadamente 40 millones de habitantes, mantiene una intensa lucha para garantizar la protección de la infancia y eliminar el abuso contra ese sector, el más indefenso de la sociedad.
Son varias las estrategias implementadas por los diferentes gobiernos del área para acabar con los problemas sociales en los niños, que incluye maltratos físicos, sexuales, emocionales, abandono y falta de atención al infante.
En el caso de Jamaica, cifras oficiales registran que el 43 por ciento de los pobres son pequeños que carecen de suficiente asistencia social y calidad de vida adecuada.
Unos dos mil 500 niños viven en las calles y cerca de 22 mil deben trabajar para sobrevivir. El maltrato y la violencia sumado a un alto nivel de analfabetismo, con altas tasas de embarazos de niñas y adolescentes figuran entre las preocupaciones de la administración de la primera ministra Portia Simpson-Miller.
Este grupo de la población jamaicana es uno de los más afectados además por el Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA), con un ocho por ciento de infectados, en muchos casos, contagiados por su madre, cifra que representa alrededor de cuatro mil 500 niños menores de 10 años.
Asimismo, esta pequeña nación caribeña registra a centenares de niños institucionalizados tras ser abandonados o perder a su familia.
Este año, el Gobierno aprobó la Ley de Cuidados y Protección a la Infancia, junto con un sistema de alerta para ayudar a encontrar a niños desaparecidos.
Más del 85 por ciento de los desaparecidos en Jamaica durante el período de enero al 23 de agosto del año en curso ha vuelto a casa gracias a un plan gubernamental en práctica llamado Alerta Ananda, de acuerdo con Lisa Hanna, ministra de Juventud y Cultura.
Por otra parte, el asesinato de tres niños en sólo dos semanas, disparó las alarmas del gobierno de Trinidad y Tobago, inmerso en frenar la violencia infantil en incremento en esa nación.
Ante esa situación, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, adoptó medidas urgentes para detener esos sucesos que a su juicio se registran debido a la disfunción en los hogares y a la violencia doméstica.
El establecimiento de un Grupo de Trabajo de Protección de Menores (CPTF, por sus siglas en inglés), resulta el primer paso visible implementado por la gobernante para llevar a los asesinos de niños ante la justicia.
También nombró a un equipo de 17 miembros, presidido por la experta en gestión Diana Mahabir-Wyatt, que se encargará de investigar y ayudar a los infantes que se encuentren ante un peligro inminente, incluso dentro de sus propias casas.
De acuerdo con Persad-Bissessar, debido a su vulnerabilidad e inocencia, con frecuencia los infantes son objeto de violaciones, maltrato físico o consumen drogas, al estar al cuidado de padres delincuentes o narcotraficantes.
Guyana también abogó por una solución nacional a la violencia interpersonal que afecta la calidad de vida de los ciudadanos y de los niños y trae consigo un alto costo económico.
En tal sentido, el presidente de Guyana, Donald Ramotar, consideró necesario velar por los videojuegos, muchos de los cuales exacerban los niveles de crueldad, al tiempo que llamó a revisar el sistema judicial.
En ese caso indicó que jóvenes que cometen un delito de poca gravedad y por primera vez son arrestados, son puestos en celdas con delincuentes recurrentes.
De acuerdo con Ramotar, la alta incidencia de la violencia interpersonal es un mal que toda la región encara y tiene alarmado a todos los líderes del área caribeña.
A fin de dar respuesta al abuso infantil, se promueven programas regionales cuyo objetivo radica en el mantenimiento de las unidades funcionales de la familia, y en ofrecer acceso a las estrategias de protección social.
Estos planes permiten a las familias asumir sus responsabilidades, sin ver a la tutela del Estado como la primera opción que brinda asistencia financiera, social y psicológica.
La pobreza, el debilitamiento de las estructuras familiares, la insuficiencia de los sistemas de apoyo comunitarios y una paternidad y maternidad deficientes son algunas de las causas que más golpean a los Estados del área y les impiden o frenan poder propiciar la protección a los niños.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe, aún hay unos 14 millones de niños y niñas trabajando, lo que es equivalente a alrededor del 10 por ciento de la población infantil y adolescente.
De ese total, nueve millones de infantes realizan trabajos peligrosos, equivalente a un siete por ciento de la población infantil y adolescente.
Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por siglas en inglés) sobre la violencia contra los niños revela que la región es una de las más afectadas por ese mal en el mundo, y está asociado a la proliferación de drogas, armas de fuego y al crimen organizado.
El tráfico de drogas y los delitos menores, el acceso a armas pequeñas, así como también la pobreza y los altos niveles de violencia en los hogares y comunidades, son importantes factores de riesgo que contribuyen a la criminalidad.
En algunos territorios ese fenómeno se refleja también con incidentes en las escuelas, como homicidios y de ataques sexuales y físicos sobre todo en la última década, lo que ha calado en la conciencia de la mayoría de los gobiernos del Caribe y sus ciudadanos.
Periodista de la redacción Centroamérica y el Caribe de Prensa Latina
