Madrid.- Al publicarse este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entró en vigor una controvertida reforma de las pensiones del gobierno conservador de Mariano Rajoy que endurece las jubilaciones parciales y anticipadas en España.
El Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) aprobó la víspera un real decreto ley que, según su criterio, pretende garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en este país europeo, al optar por desincentivar el retiro anticipado o parcial.
«Es una reforma para una mayor sostenibilidad a largo plazo», precisó este viernes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al terminó de la reunión semanal del Consejo de Ministros.
España ya emprendió los primeros pasos para retrasar gradualmente la edad de la jubilación en dos años, hasta los 67, pero Báñez afirmó que en la actualidad la edad real de jubilación se sitúa en los 63 años, aún lejos de la legal.
Las nuevas medidas blindan, además, el acceso de los mayores de 55 años al subsidio por desempleo, única ayuda que les queda antes de empezar a cobrar la pensión de jubilación y tras haber agotado su prestación por paro.
Para cobrar esa subvención no se tendrá en cuenta, como hasta ahora, sólo las rentas del beneficiario, sino las de la unidad familiar, las cuales no podrán superar el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional (641,30 euros para 2013) excluida la parte de las pagas extraordinarias.
Según el real decreto, los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo deberán tener más años cotizados (35 años) y se quedarán con una pensión menor, mientras que tendrán más facilidades quienes quieran compatibilizar su prestación con un trabajo.
Con estos cambios, el Palacio de la Moncloa (sede del poder central) pretende ahorrar unos cuatro mil 500 millones de euros anuales, una vez que estén plenamente en vigor todas las medidas, lo cual no sucederá hasta 2027, cuando la edad legal de retiro se situará en 67 años.
También quiere reducir las tensiones provocadas por la crisis económica en las cuentas de la Seguridad Social, ante el descenso del número de trabajadores cotizantes y el envejecimiento de la población.
La de las pensiones es una de las grandes reformas estructurales exigidas por la Unión Europea y otros organismos internacionales al Ejecutivo español, artífice de un draconiano plan de austeridad para reducir el déficit público.
Los principales sindicatos del país, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, criticaron el decreto y acusaron a Rajoy de burlar el diálogo social y el Pacto de Toledo, el marco donde los partidos políticos debaten la situación de las pensiones.
En un comunicado conjunto, las dos centrales obreras denunciaron que el Gobierno vuelve a utilizar como excusa la situación coyuntural que atraviesa el sistema de la Seguridad Social para imponer un nuevo recorte injusto, innecesario y excesivo.
