Las manifestaciones por el afianzamiento de los Derechos Humanos en República Dominicana conquistaron la atención de las autoridades, sociedad civil y otros grupos sociales, que durante el 2012 se movilizaron en tal sentido.
 
Las congregaciones estuvieron a la orden del día, encabezadas especialmente, por jóvenes de clase media, quienes han visto deteriorarse su estilo de vida a causa del alto costo de los servicios y el aumento de los impuestos.
 
Las sedes del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, en 2012, fueron escenarios donde diferentes sectores sociales acudieron con el objetivo de expresar su rechazo a una serie de incumplimientos a normativas y leyes, que según los protestantes atentan contra el estado de derecho.
 
La Coalición por una Educación Digna se mantuvo exigiendo a las autoridades el cumplimiento de la Ley que otorga el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), a la Educación. Luego de doce años de espera, el actual presidente Danilo Medina honró su palabra otorgando dicho presupuesto.
 
Igualmente, grupos feministas se manifestaron en contra de la violencia intrafamiliar, que hasta la fecha ha dejado 169 mujeres muertas a manos de sus actuales o anteriores parejas.
 
Las feministas ocuparon en varias ocasiones la parte frontal del Congreso Nacional con ataúdes, en reacción al deceso de una joven, a la cual le negaron practicarle un aborto terapéutico, pese a padecer leucemia.
 
También rechazaron la inminente adopción de un nuevo Código Penal que echa por tierra las conquistas logradas en contra de la violencia de género, niega la despenalización del aborto terapéutico e igualmente minimiza la sanción a los feminicidios e incestos y solo valora como grave, la violencia que cause a la mujer incapacidad permanente.
 
En el caso de los asesinatos a mujeres, el nuevo Código alude erróneamente a los cometidos por el marido o exmarido, no a los de otros agresores. Según datos consultados, la República Dominicana posee una de las altas más tasas del mundo en crímenes contra las féminas.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos critica la cantidad de mujeres asesinadas, y concluye que no recibieron la debida protección por parte de las autoridades competentes.
 
Es notoria la persistencia de las desigualdades de género en el ámbito económico. Se observa que el 51% de los hogares dirigidos por mujeres están por debajo de la línea de pobreza, frente al 32% encabezados por hombres. A todo ello se suman numerosas disparidades en materia de empleos y de ingresos, como elementos que siguen en contra de los derechos femeninos.
 
Otra violación de los derechos individuales fue la situación con los extrabajadores de la industria cañera, quienes se movilizaron para exigir el cumplimiento de las pensiones, tras haber dedicado su vida al corte de caña en los ingenios dominicanos.
 
Corrupción e impunidad
 
La falta de institucionalidad acogida desde el Poder Ejecutivo impidió que la mayoría de los expedientes introducidos por ciudadanos e instituciones al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), y la Procuraduría General de la República, llevaran ante los tribunales al expresidente de la República, Leonel Fernández, y varios de sus funcionarios, por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos públicos y falta de transparencia en dichas ejecutorias.
 
El resentimiento ciudadano contra el expresidente Fernández proviene de que durante su gobierno se produjo un déficit fiscal de unos 187, 000 millones de pesos, por cuya causa la nación carece de solvencia para concluir 2012 y programar el Presupuesto de 2013.
 
Muertes por PN
 
En 2012, la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH), denunció durante su balance, que recibieron cada día denuncias acerca de agentes de la Policía Nacional que ejecutaron alguna persona, o murieron éstas en intercambios de disparos, aunque, no existen reportes que detallen acciones de esta envergadura por motivos políticos.
 
Las cifras registradas en la actualidad, indican que la jefatura del mayor general Armando Polanco Gómez, superará las 300 caídas del pasado periodo bajo su gestión. La inseguridad ciudadana dominó el escenario, con unas 1,432 personas fallecidas en hechos violentos.
 
Hubo, además, policías y militares involucrados en el narcotráfico, los cuales poseían distintos niveles de mandos: desde generales hasta alistados.
 
En 2012, el sicariato se incrementó al punto de que varios abogados cayeron abatidos. Los últimos sucesos investigados relacionados a este tipo de ajusticiamiento, revelan que sus autores provienen de la Policía Nacional, donde a través de la Unidad de Persecución y Búsqueda de Fugitivos, son formados en técnicas especializadas y algunos pasan a vender sus servicios al crimen organizado.
 
También subraya la CNDH que los servicios básicos, como la electricidad, agua y transporte, así como la privación a la canasta familiar se deterioraron.
 
Igualmente, condena la cantidad de fondos que fueron utilizados de manera abusiva y sin control en las pasadas elecciones presidenciales, dejando como resultado un déficit fiscal de unos RD$187 mil millones, cuya proyección para el cierre de 2012, superará los RD$205 mil millones.
 
De igual forma, la institución sanciona los más de 500 desalojos ejecutados en todo el país y destaca que el déficit de vivienda es 860 mil unidades, a la vez que la demanda anual es de 80 mil nuevos hogares.
 
Puntualiza que en el actual año se continúo alimentando el fenómeno de la xenofobia, debido a que un reducido sector mantiene un discurso discriminatorio y racista, especialmente con los inmigrantes de origen haitiano.
 
Los derechos laborales, a su vez, se vieron seriamente violentados en el país, debido a que más de tres millones de trabajadores no han podido sindicalizarse por presiones de los patronos, en violación al código laboral.
 
Situación carcelaria
 
Más de 23,491 reclusos guardan prisión en las cárceles del país, de acuerdo a informaciones emitidas por autoridades penitenciarias y una fundación no oficial que trabaja con el régimen carcelario.
 
Las prisiones no alcanzan para los presos preventivos y el viejo modelo se caracteriza por el hacinamiento generado debido a la sobrepoblación, condición que propicia privilegios para algunos impedidos de libertad, así como otro tipo de indisciplina apadrinada por las autoridades de los recintos.
 
Este escenario ha favorecido la incidencia de grupos criminales organizados, que son dirigidos desde el exterior y viceversa.
 
En menos de un año, la cantidad de cautivos ha subido en más de 3,000, según revela el Segundo Censo Nacional Penitenciario, realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y la Oficina Nacional de Defensa Pública.
 
De los 20,007 internos, el 43% son preventivos y un 47% cumple condenas definitivas. Los delitos más frecuentes son: Homicidio, con 32.1%; tráfico de drogas, 30% y robo 20.9%. Mientras que la sobrepoblación en el modelo tradicional es de un 74%, ya que hay 8,502 internos por encima de la capacidad carcelaria.
 
El censo abarcó 42 recintos, de los cuales 22 son del modelo tradicional, con un 81% de la población; 13 pertenecen al nuevo modelo, con un 17% de la muestra y siete son áreas de detención preventiva, que albergan el 1.3%.
 
El Centro de Corrección Najayo Mujeres abarca cerca de 300 internas y no posee espacio para más acogidas. El director de Prisiones, Roberto Ovando Prestol, informó que existen alrededor de 600 mujeres privadas de libertad y que no encuentran cómo acomodarlas.
 
En los actuales momentos, la cárcel de la Victoria aloja a seis mil 628 penados, lo que dificulta las condiciones de higiene, el control de las áreas, la seguridad, la separación de los internos según sus perfiles y la responsabilidad para garantizarles derechos fundamentales.
 
El año que recién concluye deja marcado un claro compromiso de lucha ante los problemas que atentan contra la colectividad, como reivindicaciones sociales, fin de la corrupción y la impunidad en los estamentos estatales, entre tantas otras violaciones de los derechos ciudadanos.