Madrid.- El gobierno conservador español exigió este sábado la disolución incondicional del grupo armado vasco ETA y rechazó la labor negociadora en ese diferendo de la llamada Comisión Internacional de Verificación (CIV).
 
A través de su ministro de Interior, Jorge Fernández, el ejecutivo de Mariano Rajoy afirmó que no reconoce «ninguna legitimidad» a la CIV, creada en septiembre de 2011 para comprobar el alto el fuego decretado por la organización separatista.
 
En diálogo con la prensa en la ciudad de Barcelona, Fernández respondió así a la declaración realizada la víspera por la citada comisión, según la cual ETA le transmitió que está preparada para dialogar.
 
«Mediante contactos directos con ETA, la CIV ha recibido un mensaje de la organización en el que comunica que está preparada para dialogar sobre una serie de asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso», afirmaron los expertos reunidos en Bilbao.
 
Han intentado contactar con nosotros, pero nosotros no reconocemos ninguna legitimidad a esos verificadores, insistió el titular de Interior.
 
Aseveró que a la administración del derechista Partido Popular (PP) le basta con la Guardia Civil y la Policía para comprobar si el grupo armado se disuelve o no.
 
El Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni negociará jamás con ETA, enfatizó Fernández.
La CIV está integrada por cinco personas con experiencia internacional en procesos de paz y en seguridad: Ronnie Kasrils (Suráfrica), Ray Kendall y Chris Maccabe (Reino Unido), Ram Manikkalingam (Sri Lanka) y Satish Nambiar (India).
 
En su visita de dos días al País Vasco, durante la cual se reunió con numerosos agentes políticos y sociales de esa región española, pudo constatar que ETA continúa respetando sus compromisos con el fin de la violencia, precisó en un comunicado.
 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad, en euskera) anunció el pasado 20 de octubre que abandonaba de manera categórica sus acciones armadas de medio siglo por la independencia del País Vasco.
 
La organización llamó entonces a los gobiernos de España y Francia a abrir un proceso de diálogo directo, que tenga como objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto, considerado la última confrontación armada en Europa.
 
El grupo separatista, que lleva desde agosto de 2009 sin cometer atentados en territorio español, no ha evocado, sin embargo, la posibilidad de una disolución.