El Ministerio de Medio Ambiente sometió este jueves al diputado y presidente de la Federación Nacional de Transportistas Unificados la Nueva Opción (FENATRANO), ante la Procuraduría para la Defensa de Medio Ambiente, a quien acusan junto a un grupo de más de 20 personas de destruir, alterar, devastar y contaminar el área protegida denominada Los Farallones, del sector Alto Brisa del Este, en la Avenida Ecológica. La entidad pidió disponer la acción pública contra el legislador.
El magistrado Andrés Chalas, procurador adjunto de Medio Ambiente, recibió la acusación de parte de una comisión de Medio Ambiente encabezada por el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Ángel Daneris Santana, y la doctora Marisol Castillo, directora legal, quienes fundamentaron la denuncia en el informe técnico que comprobó la magnitud de los daños ocasionados por los ocupantes ilegales de dichos terrenos.
Hubieres y el grupo de imputados ocuparon el área protegida donde se encuentran valiosos recursos ecológicos y destruyeron la cobertura vegetal en más de un 90%, con lo que eliminaron la fauna originaria y contaminaron acuíferos con el derrame de combustibles, todo lo cual viola la Ley 64-00 y la Constitución de la República.
Entre los imputados, además, de Hubieres, figuran Andrés Urbáez, Francisco Liriano, Juan Martínez, Daniel Lorenzo, Pablo Lorenzo, Jaime García, Melvin Sosa, Leoniples De Oleo, Reinoso Alcántara, Jaime Metz, Carlos Valenzuela, Guillermo Bautista, Benito Lebrón, Guillermo Ferreras, Edy Cuevas y Carlos Colón.
Entre los daños al área protegida se encuentra el vertido de desechos sólidos, corte de vegetación para construcción de viviendas, pérdida de la capa vegetal por la remoción de suelos y la alteración de una cueva con yacimientos arqueológicos que era utilizada para estacionamiento de vehículos.
Al depositar la acusación, Medio Ambiente presentó las pruebas documentales y los diferentes actos de alguacil que notifican a los invasores de los terrenos a desocuparlos amparados en las leyes, oficios y decretos que declara de utilidad pública varias franjas de terrenos en Los Farallones.
Al grupo se le imputa haber violado los artículos 14, 66, 67 de la Constitución de la República del 26 de enero de 2010; artículos 08, 38, 40, 87, 90 numeral 1; artículos 91, 160, 161, 169, 174 y 175 numeral 1 y 2 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, del 18 de agosto de 2000; la Ley 202-04 Sectorial de Áreas Protegidas.
También, los Decretos No. 381-92 de fecha 31 de diciembre de 1992, 383-03, de fecha 25 de agosto de 2003 y 1214-04 de fecha 16 de septiembre de 2004, en perjuicio del Estado dominicano y los derechos e intereses colectivos y difusos de los ciudadanos y munícipes de Santo Domingo Este.
