Manila.- La expresidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo negó este viernes, a través de sus portavoces, que haya solicitado asilo político en la República Dominicana, en respuesta a los comentarios realizados por la titular de Justicia del Gobierno de ese país.
 
Jesús Santos, abogado y portavoz de la familia Arroyo, desmintió en declaraciones a Efe que la exmandataria haya pedido asilo en el país caribeño o en cualquier otro.
 
La reacción se produce un día después de que la ministra de Justicia, Leila de Lima, dijo a la prensa local que el Gobierno filipino ha pedido al dominicano que aclare si Arroyo ha solicitado asilo.
 
Las autoridades judiciales de Filipinas han prohibido a la ex presidenta salir del país mientras no resuelva los casos de corrupción y fraude electoral que tiene pendientes con la Justicia.
 
“Arroyo y su marido han viajado a varios países desde que abandonaron la presidencia en 2010 y siempre han vuelto, es simplemente ilógico temer que no retorne”, recalcó el abogado.
 
Otra portavoz de la familia, María Helena Bautista Horn, señaló que el Gobierno debe mostrar esas pruebas de que Arroyo planea eludir los procesos judiciales que pesan sobre ella mediante un viaje sin retorno al extranjero.
 
De Lima dijo que según “informaciones sin comprobar”, la República Dominicana ha extendido pasaportes a Arroyo y varios miembros su familia.
 
Durante los últimos días, diarios filipinos han divulgado que Arroyo planeaba abandonar su país después de que el Ejecutivo le denegó el permiso de viajar, para recibir cuidados médicos en el extranjero.
 
Macapagal Arroyo, aquejada de una dolencia en la glándula tiroides y por otra cervical, solicitó un permiso especial para someterse a un tratamiento médico en el extranjero, un trámite obligatorio dado que figura desde el pasado agosto en la lista de personas sobre las que autoridades consideran que existe un riesgo de fuga.
 
La expresidenta y su esposo, José Miguel, investigados por amañar, presuntamente, las elecciones legislativas de 2007 y los comicios presidenciales de 2004, han recurrido la prohibición ante el Tribunal Supremo.