La misión del Fondo Monetario Internacional parte hoy de esta capital complacida de la reforma fiscal aprobada, el alza de la tarifa eléctrica y del subsidio estatal a ese sector, pero sin atacar los obstáculos al desarrollo.
La entidad realizó la séptima revisión a los compromisos del acuerdo de crédito suscrito con República Dominicana en 2009, básicamente a las medidas estipuladas en una carta de intención.
Como precisa el economista Juan Carlos Vargas en un trabajo sobre origen y funciones del FMI, el Fondo vela fundamentalmente por los intereses de los bancos que prestan dinero para resolver problemas monetarios o de balanza de pagos de los países.
Dice el experto que el organismo no tiene autoridad sobre las políticas económicas domésticas de sus miembros.
Supuestamente no puede obligar a un miembro a que gaste más en escuelas u hospitales y menos en comprar aviones militares o construir palacios presidenciales grandiosos.
Reconoce Vargas que el FMI puede presionar para que un país haga mejor uso de recursos escasos de sus miembros, eliminando gastos militares improductivos o destinando más dinero a salud y educación, pero rara vez lo hace como indica la experiencia práctica.
Luego que el FMI apruebe la Carta de Intención entregada por el Gobierno dominicano, lo cual debe ocurrir a fines de septiembre, el país debe recibir 510 millones de dólares del propio ente en tres partidas de 170 millones.
Dominicana también obtendrá 210 millones de dólares de los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Mundial (BM), recursos consignados en el presupuesto de este año.
La misión del organismo internacional, encabezada por Alejandro Santos, mantuvo encuentros con los miembros del gabinete económico que conforman los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, de Hacienda, e Industria y Comercio, Temístocles Montás, Daniel Toribio y Manuel García Arévalo, respectivamente.
