Familiares profesora asesinada rechazan dictamen

Barahona.- Los familiares de la profesora asesinada, supuestamente por tres compañeros suyos, se mostraron indignados este jueves ante la medida de coerción impuesta a dos de ellos por el Tribunal de Atención permanente de esta jurisdicción.

El miércoles, la jueza interina, Kenia Pérez, aplicó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a uno de los acusados de matar a martillazos a la profesora y vicealcaldesa, Lenny Féliz y Féliz, e impuso una garantía económica de 30 mil pesos a los otros dos acusados.

De inmediato, los familiares de la profesora rechazaron que la jueza otorgara a dos de los imputados una garantía económica y enviara a prisión solo a uno de ellos.
Juan Carlos Féliz, hermano de la víctima, calificó como preocupante el fallo emitido por la magistrada Pérez.

Asimismo, el procurador fiscal de este distrito judicial, Pedro Martín Terrero, dijo que apelará la sentencia por entender que existen elementos suficientes para imponer prisión como medida de coerción.

El enviado a prisión es el también profesor Fernando Carrasco Roque, principal implicado en la muerte de la educadora.

Mientras que a los profesores Luis Amauris Féliz Gómez y Félix Amauris Féliz Santana, involucrados por las autoridades policiales en la muerte de la educadora, fueron dejados en libertad al imponerles como medida una garantía económica.

La profesora muerta era directora de la escuela “San Rafael”, en la comunidad de este mismo nombre y, además, se desempeñaba como vicealcaldesa en la una Junta Distrital en Bahoruco.

Previo a ser sometidos a la justicia, Félix Gómez y Félix Santana negaron haber participado en el hecho, al tiempo que se declararon inocentes por no tener que ver nada con el hecho de sangre.

El cadáver de Féliz y Féliz fue encontrado en unos matorrales en las inmediaciones del lugar denominado la Vuelta de Gabino, en la carretera Barahona-Paraíso.

Mitad presos Barahona por violación ley drogas

Barahona.-El 50 por ciento de los internos de la cárcel pública de esta ciudad es por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas en la República Dominicana.

La información la dio a conocer Esteban Sánchez Díaz, procurador de la Corte de Apelación del departamento judicial del Suroeste.

Dijo que quienes no están presos por drogas, ya han cumplido las penas impuestas por los tribunales locales.

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