Durante el año 2010, el acontecimiento más importante del Congreso Nacional fue, sin lugar a dudas, la proclamación el 26 de enero de la nueva Constitución dominicana, la cual introdujo cambios que alteraron todas las leyes orgánicas de las dependencias del Estado y de los poderes legislativos y judiciales.
Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución aprobada por los asambleístas se produjo una revolución y adaptación total de la legislación dominicana sin precedentes, ya que se establecieron 19 disposiciones transitorias, las cuales le otorgaron plazos para ejecutarse.
Dentro de las disposiciones decretadas por los Asambleístas se otorgó un plazo de seis meses para la creación del Consejo del Poder Judicial, una prórroga de 12 meses para el Tribunal Constitucional. También, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantendría las funciones atribuidas en la Constitución al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial hasta tanto se integren estas instancias.
También para la escogencia de la Cámara de Cuentas en el nuevo texto que instruye a la Cámara de Diputados la presentación al Senado de las ternas de los candidatos a esta posición, lo que le redujo influencia del Poder Ejecutivo
Igualmente, la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fue aumentada a 8 miembros, pero con la desventaja de que el nuevo miembro es el Procurador General de la República, lo que significa un voto adicional para el Presidente de la República
Asimismo, los actuales jueces de la SCJ que no quedaran en retiro por haber cumplido los 75 años de edad serían sometidos a una evaluación de desempeño por el Consejo Nacional de la Magistratura(CNM), el cual determinaría su confirmación. De igual forma, el Consejo Superior del Ministerio Público desempeñará las funciones establecidas dentro de un plazo de los 6 meses siguientes.
En la Junta Central Electoral se implemento la creación de un Tribunal Superior Electoral que será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura para ocuparse de dirimir los conflictos electorales, dejando a la Junta las tareas de administrar las elecciones (Arts. 212 y 214). Además, se otorga facultad al organismo comicial para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña. Esta medida redujo de nueve a cinco los miembros de la JCE
El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente pasó a ser el Tribunal Superior Administrativo. Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) permanecerían en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados y la designación de sus incumbentes.
Un tema a destacar en lo concerniente a las funciones legislativas fue la integración del nuevo Congreso, que por primera vez en la historia democrática del país, se instaló un Congreso Nacional de seis años, con la particularidad de que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la principal fuerza opositora quedó fuera del Senado de la República durante ese largo período.
Algunos párrafos de la nueva Constitución generaron controversias en el seno de la Asamblea Revisora y de la población como el artículo 30 que plantea el respeto a la vida desde la concepción, lo cual generó grandes debates entre iglesias, médicos y grupos que defienden los derechos de las mujeres, en cambio otros temas tratados Fueron objetos de algunas modificaciones.
También unos de los capitulo del nuevo texto que al momento de la aprobación a la Constitución fueron objetos de encendidos debates, fue el estatus migratorios para lo cual se hizo necesario la consulta de expertos en los artículos que se entendían generarían controversiales en la Asamblea Nacional Revisora para la reforma constitucional.
El tema de la reelección presidencial ha causado ardientes debates entre políticos, profesionales y diversos sectores de la sociedad, durante todo el año, teniendo como eje central la reforma constitucional, pese a que la Asamblea Revisora tras un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del país aprobó en el año 2009, la no reelección presidencial para dos mandatos consecutivos.
“La última reforma parcial fue el 25 de julio del 2002, cuando era presidente Hipólito Mejía se modificó el artículo 49 estableciéndose la reelección presidencial”
El proyecto de ley que modificó el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondientes al año 2010, Con la modificación al presupuesto correspondiente a este año, el Ejecutivo sometió un proyecto de ley para recortar RD$10,485.5, monto a ser transferidos al Banco Central para recapitalizarlo
También, se recortó a las instituciones públicas un 20% de su partida presupuestarias, para recaudar el monto del déficit eléctrico, a cada institución pública, lo que de inmediato generó el rechazo por diferentes sectores de la población que entendían en vez de recortarle había que aumentarles a ministerios como Salud y Educación por lo que fue necesario excluirlo del recorte.
Otro proyecto que fue escenario de intensos debates en la Cámara de Diputados fue el contrato de venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo a la empresa venezolana Petróleos de Venezuela S.A., por US$133,434,532.50.
Igualmente, generó controversia en el Congreso el contrato de venta de más 22 mil tareas de terrenos ubicados en la provincia de Monte Plata, mediante el cual el Gobierno traspasa los terrenos a la familia de Salomón Rizek Llabaly, por un monto de RD$ 36 millones, 474,992.
El año 2010 concluye con la aprobación en el Congreso Nacional de una gran cantidad proyectos de préstamos que sobrepasa los 2 mil 500 millones de dólares, contraídos con organismos crediticios internacionales, sometidos por el Poder Ejecutivo.
