El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió este lunes la renuncia a la acción penal contra los imputados Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza Gómez, involucrados en un fraude por más de RD$22 mil millones en el Banco Nacional de Crédito (Bancrédito).
Los jueces Ingrid Fernández Méndez, presidenta, Felipe Molina y Suinda Jazmín Brito, miembros, decidieron el caso a solicitud de Banco Central y la Superintendencia de Bancos, parte querellantes, luego que llegaran a un acuerdo con las familias de los dos procesados. Este mismo tribunal también había escogido el desistimiento de la acción civil.
La solicitud de abandono de la acción penal fue hecha por el procurador adjunto Narciso Escaño, del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), en nombre del Estado dominicano.
Los dos imputado, guardan prisión en Najayo, por el denominado “Bancrédito pequeño”, donde cumplen una peña de 8 años de prisión en Najayo.
Según el acuerdo al que llegaron con el Banco Central, los señores Pellerano Peña y Mendoza Gómez se comprometieron a pagar a las autoridades monetarias unos RD$ 10 mil millones, lo que incluye dinero en efectivo y bienes vinculados a los coimputados.
La familia Pellerano Peña presentó a la Junta Monetaria una propuesta de pago tendente al desistimiento de las pretensiones civiles que reclamaban el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, cuyo pacto fue suscrito el 12 de agosto del pasado año.
La transacción obliga a Pellerano Peña y a las empresas vinculadas al pago de más de 10 mil millones de pesos, como parte de los recursos destinados por el Banco Central al rescate de Bancrédito.
También Pellerano Peña se comprometió a devolver una serie de pagarés que tenía en su poder. Mientras las autoridades monetarias se comprometen a retirar los tipos de acción civil contra los dos banqueros.
Pellerano, además, asumió el compromiso del Estado por su cuenta y de manera exclusiva con 425 tenedores de papeles comerciales que habían sido emitidos y mercadeados por empresas vinculadas a él.
No obstante, esta transacción no surte efecto para la sentencia dictada el 11 de septiembre del 2008 por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por la que ambos empresarios cumplen una pena de 8 años en Najayo.
