El Senado sometió a estudios seis proyectos de leyes del senador Adriano Sánchez Roa, que persiguen modificar el Comité de Salarios, disponiendo una indexación salarial anual y la creación de una zona franca agroindustrial.
También los proyectos buscan crear la corporación de Acueducto y Alcantarillado de Elías Piña, el corredor turístico-ecológico de la frontera, el que crea las categorías de los sueldos de los funcionarios públicos y que eleva a municipio al distrito de Río Limpio.
“Estos proyectos van en el orden de promover la producción, la industrialización, y el turismo de playa y montaña a lo largo de toda la línea fronteriza, porque pese al extraordinario potencial en tierras, clima, agua y capacidad profesional y poseer el 22.3 % del territorio nacional, padecemos los más bajo índices de pobreza, salubridad y educación", dijo al pleno el senador por Elías Piña.
Sánchez Roa reveló que Elías Piña ha carecido en las últimas cuatro décadas de las inversiones necesarias en servicios básicos como el agua potable, salud, educación y agricultura, por lo que en la actualidad el 31.8% de las viviendas poseen pisos de tierra, el 28% de los hogares no están conectados al sistema eléctrico público y el 48% de los hogares utilizan la letrina como servicio sanitario.
Consecuentemente, explicó el senador fronterizo, el Programa Nacional de las Naciones Unidas (PNUD) acaba de informar que el 82.4% no tiene ingresos suficientes para vivir adecuadamente, por lo que el proyecto de zona franca agroindustrial incrementará las fuentes de empleos, ingresos y divisas.
Asimismo, dinamiza la vida productiva, comercial y empresarial en sentido general de esa región, mediante el aprovechamiento e industrialización de una abundante y variada gama de rubros agrícolas y pecuarios existentes y que actualmente se pierden en medio de el hambre y la miseria de amplios sectores de la población.
Sánchez Roa propone en otro proyecto modificar la estructura y funcionamiento del Comité Nacional de Salarios, a fin de establecer un aumento anual de los salarios de todos los trabajadores según la inflación declarada por el Banco Central, de manera que se sostenga una capacidad adquisitiva acorde con el costo de la canasta familiar.
“Resulta impostergable dotar al país de un sistema de fijación de salarios eficiente, que facilite el establecimiento de salarios justos, acordes con los niveles de productividad alcanzado por las empresas, para lograr una mejor distribución de las riquezas y la reducción de la pobreza, en el trayecto de más eficiencia para los propios empresarios y el país.
También, el proyecto que establece las categorías de sueldos de los funcionarios de toda la administración pública, centralizada, descentralizada y autónoma, así como los demás poderes del Estado, pone topes a partir del cual ningún funcionario puede aumentarse los sueldos, colocando, según los rangos, los niveles de sueldos, pero condicionando los sueldos de los funcionarios a que se realicen incrementos previos a los empleados públicos.