Foro Ciudadano, los industriales y otras 32 organizaciones de la sociedad civil, depositaron este jueves un documento en el despacho del procurador Radhamés Jiménez Peña, donde exigen establecer un régimen de defensa y respecto en los recursos del Estado, dentro del marco legal.
Las organizaciones llamaron la atención del Congreso Nacional, el Departamento Nacional de Prevención de la Corrupción y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Ramón Batista, del Foro Ciudadano, manifestó que el escrito contiene la preocupación por el deterioro moral e institucional que impera en el país, al tiempo que reclama investigar las múltiples denuncias públicas sobre actos de corrupción.
Pidió que sean sometidos a la acción de la justicia cualquier funcionario que se demuestre esté involucrado en malversación de fondos públicos.
“Uno de los elementos que se utilizan para justificar la inercia del Ministerio Público ante los hechos de corrupción, muchos de ellos obvio, es que los denunciantes no han aportados las pruebas permitentes, pero según la Ley, quienes tienen la obligación de recabar los hechos e investigar las pruebas son los fiscales”, agregó.
Batista afirmó que el artículo 102 de la Constitución establece que serán sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados amigos o relacionados.
De igual manera, destacó que los artículos 166 y 168 del Código Penal castigan con degradación cívica que inhabilita para las funciones públicas a los funcionarios que cometan el crimen de prevaricación, el artículo 33 de Código Penal permite acompañar esta sanción con la pena de cinco años de prisión.
Asimismo, el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales (FAI), Ignacio Méndez, expresó sus felicitaciones a las acciones tomadas por la Cámara de Cuentas, tras considerar han empezado a tomar las acciones para las cuales fueron escogidos.
Apuntó que los resultados de las auditorias han corroborado con lo que hace tiempo el pueblo viene demandando.
Méndez expresó que en el país hay muchas leyes que no se están cumpliendo, lo que ha roto todos los patrones de la institucionalidad y lleva a la falta de transparencia y de sanciones, permitiendo que los funcionarios del Estado manejen los fondos públicos como si fueron sus propios feudos.
