La Fundación Justicia y Transparencia solicitó agilizar las investigaciones sobre el caso del PRA, en relación con la auditoría servida por la CDEEE, abarcando la gestión del señor Marcos Lara Lorenzo.
Trajano Potentini, presidente de la Fundación, hizo la solicitud a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), en la persona de su director el Procurador Adjunto Hotoniel Bonilla.
Potentini externó su preocupación por la inercia manifestada por Ministerio Público en el caso de referencia, denunciado en principio de manera responsable por la periodista Nuria Piera.
El caso también fue confirmado por la auditoría de la CDEEE, que arrojó, conforme datos ofrecidos por Radhamés Segura, que de los RD$894,248.44 desembolsados de los fondos del PRA para remodelar locales de esa entidad en Herrera y la avenida Abraham Lincoln, Lara desvió en su provecho más de RD$300,000 para la construcción de su oficina personal en la avenida 27 de febrero.
También confirmó la auditoría entre otras irregularidades, que el señor Lara Lorenzo había designado a 18 miembros de su iglesia Los Escogidos de Dios y a 16 parientes, a quienes pagaba sueldos superiores a los establecidos por las normas de la CDEEE, en clara evidencia de nepotismo.
Potentini destacó que el Ministerio Público es el principal órgano encargado de la ejecución e implementación de la política criminal del Estado, y está llamado a desempeñar un rol estelar en la defensa de los intereses de la sociedad dominicana en la alta función de persecución, prevención y combate a la corrupción administrativa.
Recordó, además, que recientemente, el presidente de la República, doctor Leonel Fernández reconoció públicamente la necesidad de enfrentar el flagelo de la corrupción y el daño que éste produce en la sociedad respecto al manejo de los fondos públicos, razón por la cual anunció la implementación de un plan estratégico de combate a la corrupción.
Por último, la Fundación Justicia y Transparencia hace un llamado a todas las fuerzas vivas de la nación a demandar con energía y compromiso, no ser tolerantes ni desmayar en las exigencias a nuestra clase política y autoridades públicas, de procurar mayores niveles de transparencia y el cumplimiento cabal de la ley en las sagradas funciones y responsabilidades puestas a su cargo.
