Posterior al discurso del Excelentísimo señor Presidente de la República Dr. Leonel Fernández, del día ocho (8) de diciembre del presente año, diferentes sectores de opinión han expresado preocupación por el anuncio hecho de “Someteremos próximamente a las cámaras legislativas un proyecto de ley elaborado por una comisión técnica que habíamos comisionado para tales efectos, a los fines de permitir el acceso a los fondos de pensiones…De esa manera estableciendo todas las garantías de lugar, estos fondos podrán ser utilizados en la construcción de viviendas para trabajadores y para familia de bajos ingresos, así como para la construcción de varios proyectos de infraestructuras”.

Las Superintendencias de Bancos, de Pensiones y de Valores, desean aclarar que el anteproyecto de Ley al cual se ha referido el señor Presidente, es a una nueva legislación que se está elaborando conjuntamente con el Sector Privado; en la misma se establecerán las normas generales y los criterios para regular y promover un sistema moderno de financiamiento de vivienda individual a largo plazo.

La nueva ley creará los mecanismos e instrumentos financieros de largo plazo para el fondeo del sector hipotecario, además permitirá la construcción de viviendas económicas para los sectores de ingresos medios y bajos que en la actualidad se ven impedido de hacerlo. Este anteproyecto de Ley integrará en una sola legislación todos los mecanismos y normativas necesarias para impulsar el dinamismo de forma sustentable del sector construcción como también el hipotecario. Integrará la figura de la “Fiducia Inmobiliaria” para la ejecución de los proyectos inmobiliarios y todas las exenciones tributarias relacionadas con la construcción de vivienda con el objetivo de reducir los costos de construcción.

Para la vivienda económica de interés social para familia de medianos y bajos ingresos, en este anteproyecto de Ley se contempla que el Estado Dominicano juegue un papel esencial, en asegurar precios asequibles para este estrato de la sociedad, concediendo a los Promotores Privados de este tipo de vivienda incentivos fiscales que abaraten los costos de construcción como son, exoneración de ITBIS, de Impuesto Sobre la Renta y de impuesto a la transferencia de propiedad de estos títulos específicos, así como la posibilidad de asignar un bono tierra. El objetivo es disminuir los costos de construcción para que un mayor número de familia de este estrato social pueda adquirir una vivienda modesta a un precio decente.

Como instrumentos financieros esenciales estarán disponibles “Las Letras Hipotecarias” y Bonos Titularizados o respaldados por Hipotecas, los cuales estarán regulados en esta nueva Ley y contribuirán a una mayor profundización y dinamización del mercado de valores dominicano.

Queremos aclarar que la nueva legislación que el Sr. Presidente presentará al Congreso, no significará en lo absoluto una modificación a la Ley no. 87-01 que regula los fondos de pensiones; el objetivo de este nuevo proyecto de ley, es disponer de una normativa que cree instrumentos financieros que sirvan de vehículos para que fondos institucionales nacionales o extranjeros puedan financiar el sector inmobiliario, como así también las viviendas económicas bajo un ambiente de seguridad y rentabilidad adecuada. De esta manera los fondos de pensiones, así como las compañías de seguros, los fondos de las ARS o fondos privados no institucionales financien un nuevo mercado financiero que se abrirá con esta nueva legislación.

En la esencia de este anteproyecto de Ley, lo que se busca es de: (a) Proteger y fomentar el ahorro destinado al financiamiento y a la construcción de vivienda, manteniendo la confianza del público en los instrumentos de captación y colocación de créditos por parte de los emisores; (b) Desarrollar mecanismos eficientes e instrumentos financieros rentables de largo plazo para que los fondos de pensiones o cualquier inversionista institucional, nacional o extranjero pueda diversificar su portafolio de inversión; (c) Proteger a los usuarios de los créditos de vivienda mediante la incorporación de seguros de tasas de interés y de incumplimiento; (d) Velar para que en el otorgamiento de los créditos se consulte la capacidad de pago de los deudores; (e) y finalmente facilitar el acceso a la vivienda en condiciones financiera, de equidad y transparencia que hagan asequible la vivienda a un mayor número de familias de medianos y bajos ingresos.

El Gobierno a través del INVI, seguirá con su modelo actual construyendo viviendas de corte social para las familias muy pobres y de muy bajos ingresos, como por ejemplo, la Cañada de Guajimía que inauguró el Presidente, las viviendas que se otorgaron cuando las tormentas Noel y Olga. Claramente esta forma de construcción de vivienda está fuera del alcance de este anteproyecto de Ley.

En la elaboración de este anteproyecto de Ley, el Sector Privado se ha visto representado por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA); la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos; la Asociación que agrupa las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Dicho sector ha contratado expertos y consultores internacionales de países como Chile y Colombia que han identificado cuales nuevas normativas se deben introducir y cuales se deben cambiar para lograr la esencia de este anteproyecto de Ley.

El Sector Público se ha visto representado por el Banco Central de la República Dominicana, las Superintendencias de Bancos, de Pensiones, de Valores, el Banco Nacional de la Vivienda, así como también la Secretaría de Estado de Hacienda.

Se ha contratado la firma privada de abogados Headrick Rizik Alvarez & Fernández para la elaboración final del anteproyecto de Ley. Dicha firma presentará el primer documento preliminar el próximo martes 16 de diciembre en la Asociación de Bancos Comerciales (ABA).

Finalmente, la Superintendencia de Bancos, de Pensiones y de Valores en nombre del Estado Dominicano, quieren reiterar el apego al cumplimiento de la Ley de la Seguridad Social, y el respecto al uso de los fondos de pensiones en las inversiones correctas que deben realizar las Administradoras de Fondos de Pensiones para asegurar una rentabilidad adecuada de este patrimonio privado perteneciente a los trabajadores dominicanos.