Los problemas básicos que encaran hoy al mundo no son susceptibles de una solución militar. -John F. Kennedy-
En los últimos años la utilización frecuente de militares para enfrentar la creciente e indetenible espiral de criminalidad que abate a la nación, es una tarea ajena a su rol profesional, que nos plantea interrogantes de varios componentes institucionales, misionales, legales, doctrinarios y políticos que justifican un profundo análisis de las ventajas o riesgos que puedan atentar contra la integridad institucional de las Fuerzas Armadas.
El planteamiento inicial sería lo que establece la propia Constitución de la República, que al abordar el empleo de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, admite este tipo de acciones exclusivamente bajo ESTADOS DE EXCEPCIÓN, debiendo contar con la aprobación del Congreso Nacional, tal como lo indican los artículos 262, 263 y 264 de la Carta Magna.
Otro punto desde la óptica académica sería debatir con criterios institucionales, sobre la conveniencia o no de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana a la luz de que, a pesar de estar en las calles desde hace varios años, la delincuencia continúa incrementándose.
Solo hay que observar las siete ocasiones que han salido en los últimos cinco años y analizar las estadísticas de resultados para comprobar que esto no ha detenido el aumento de la criminalidad.
Lo que verdaderamente ocurre es que frente al evidente fracaso del enfoque y aplicación de las políticas de seguridad pública ante el incremento trepidante de la violencia objetiva -delincuencia común, crimen organizado y violencia social- sumada a la violencia subjetiva que es el temor causado por la falta de confianza ante el fracaso de las autoridades competentes, más la sensación de impunidad frente a los actos delictivos y la percepción de inseguridad, los tomadores de decisiones utilizan a las Fuerzas Armadas solo para dar un golpe de efecto cosmético cuyo fin es atacar únicamente la percepción, dejando de lado el enfrentar el fenómeno criminal desde una óptica de prevención y represión del delito de manera integral y enérgica, como parte de una política pública debidamente estructurada.
Esta ponderación de la inclusión o no de los militares en tareas de seguridad interna no es antojadiza sino que se basa en las experiencias de países de la región tales como Brasil, Argentina, México y Colombia, donde sus ministros de Defensa se han opuesto tajantemente al uso de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a su rol de salvaguarda de soberanía y fronteras.
En este contexto, tenemos la absoluta convicción de que actualmente la Policía Nacional posee la suficiente capacidad operacional y tecnológica instalada para asumir por sí sola sus funciones, lo que ha faltado es capacidad gerencial y un firme liderazgo acompañado de un buen diseño de un plan de seguridad ciudadana efectivo. Más aún, cuando el presidente Danilo Medina ha hecho inversiones sin precedentes para dotar de recursos a la institución del orden.
Nuestra firme convicción la demostramos con hechos constatables cuando apenas a seis días de haber asumido la Jefatura de la Policía Nacional en condiciones similares a las actuales, con una criminalidad desbordada, una policía desmoralizada y con pocos recursos operacionales, visité al entonces Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Antonio Aquino García EN para informarle que la Policía Nacional asumiría totalmente el patrullaje en las calles para que los militares retornaran a sus cuarteles. (Listín Diario 25 de agosto 2007, periodistas Elías Ruiz Matuk y Pedro Jiménez).
A tan solo 10 meses de esa visita, una encuesta internacional de la firma Mercer Consulting publicada en junio 2008 colocaba a Santo Domingo como la más segura de América Latina, ver CNN Español de fecha 13 de junio 2008.
¿Militares policializados o policías militarizados?
Este es un dilema sobre el que invito a reflexionar, ya que pone en evidencia una serie de interrogantes sobre los riesgos que implica la eficacia de buscar el mantenimiento del orden público con fusiles y bayonetas. Enumeraré algunas de ellas:
1.- La capacidad de subordinación de los militares bajo el mando direccional de la Policía y el poder civil del Ministerio de Interior y Policía. (Esto es nocivo para su estructura de escala de mando jerarquizada)
2.- El traspaso del grado de desconfianza ciudadana en la Policía a las Fuerzas Armadas por la ineficacia constante del patrullaje mixto.
3.- La reducción del perfil institucional de las Fuerzas Armadas por asumir funciones policiales ajenas a su naturaleza.
4.- La violación de la Constitución de la República y vulneración de los derechos ciudadanos bajo un Estado Democrático Social de Derecho.
5.- El mantenimiento de la identidad de las Fuerzas Armadas y los conceptos de seguridad y defensa ante las nuevas redefiniciones de roles frente a un cuadro metodológico mal enfocado.
En este ámbito, la actual agenda de la Seguridad Ciudadana está mal enfocada por ser eminentemente reactiva, ya que reaccionan ante la presión de la opinión pública, acudiendo siempre a la misma gastada receta: el lanzamiento de los militares al patrullaje.
¡Nunca nadie ha obtenido diferentes resultados haciendo siempre lo mismo!
El problema no es de militares sino de la articulación armoniosa entre policías, fiscales y jueces, más una efectiva política de reinserción social bajo la tutela de todo un Plan del Sistema Nacional de Seguridad Integral, conceptualizando la seguridad ciudadana para poder entender un entorno cada vez más complejo de seguridad interna desde una óptica sistémica, que vaya desde la seguridad integral hasta el ámbito judicial, reenfocando el método reactivo de la actualidad hacia un enfoque eminentemente preventivo de seguridad, utilizando las herramientas de la Comunidad de Inteligencia Nacional, más la inteligencia delictiva focalizada local que proporcionan las mismas comunidades afectadas por la criminalidad.
En este contexto, es urgente la redefinición y formulación de lineamientos claros, de directrices político-estratégicas multidimensionales para la elaboración de agendas a corto, mediano y largo plazo, y no coyunturales, que logren consolidar una verdadera política pública integral estatal de seguridad ciudadana en sintonía con el orden social democrático que elimine las amenazas de la criminalidad en una sociedad perturbada, y de paso a la convivencia pacífica que aspiramos los dominicanos.
Es indispensable dejar de lado el absurdo enfoque de solo concentrarse en disminuir la tasa de homicidios como si fuera esto el Índice de Criminalidad sino también incluir otros parámetros de medición que son también amenazas del delito (robos, asaltos atracos), crimen organizado (robos de vehículos, microtráfico, secuestros y robo a clientes del sistema financiero), inseguridad criminal (extorsión, control territorial e intimidación) y la contratación de servicios criminales tales como el sicariato.
Como pueden observar, la producción de seguridad pública no es tan simple como para tomar solo el homicidio como único indicador, pues el problema exige una visión global y sistémica.
En torno a esta situación, hay que entender que la realidad social es cambiante, asimétrica y complicada en la relación ámbito nacional-local puesto que las acciones y estrategias de seguridad engendran importantes efectos para la Política Criminal del Estado y las relaciones de cooperación de las Fuerzas Armadas, que sí pueden ayudar en el ámbito del delito transnacional.
Por consiguiente, vemos la situación actual como un iceberg, en cuya parte que sobresale a la superficie solo vemos los índices de criminalidad, los sucesos que recogen los medios de comunicación y los debates en torno a la violencia. Pero en verdad, es la otra parte oculta del iceberg, la más grande, en donde radican los problemas socio-criminales, los político-criminales, los político-penales y la insuficiencia institucional.
Siendo justamente esta parte del iceberg donde verdaderamente se centra el rompecabezas de la seguridad ciudadana que exige de estrategias que vayan más allá de la visión simplista y ocasional sino de una arquitectura de largo plazo.
En este orden, no vemos la utilidad efectiva de emplear a las fuerzas militares en tareas ajenas a sus funciones pues a pesar de su uso continuo en los últimos años sigue evidenciándose la preocupante incapacidad del Estado ante el auge de la criminalidad. Más bien puede salir esta institución militar severamente afectada desde la perspectiva doctrinaria y correr el riesgo de contaminación de corrupción ante la exposición permanente al crimen organizado y actividades ilícitas conexas.
Además de la pérdida de su propia identidad ante la policialización de las Fuerzas Armadas lo que acarrearía una desprofesionalización progresiva llevándolas a una confusión difusa de roles.
A manera de conclusión, haremos modestas recomendaciones para contribuir en este tema sugiriendo la evaluación de las experiencias y resultados de otros países a los fines de conceptualizar las lecciones aprendidas dentro del contexto de la incorporación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana.
Evaluación esta que debe de estar lejos del apresuramiento de las actuales autoridades, que a tan solo un día de lanzar a las calles a los militares se apresuraron a decir que era exitoso, y que el Alto Mando se reuniría con los ministros al cuarto día para una evaluación del mismo, a pesar de que durante el primer día de operaciones mixtas fue asaltado por encapuchados un cuartel el Ejército Nacional en Pedernales y un atraco en una casa de cambio en Santiago donde robaron más de un millón de pesos.
También, nunca utilizar a las Fuerzas Armadas en faenas de seguridad ciudadana de manera permanente como se ha anunciado, sino de forma tangencial, y solo en casos de Estado de Excepción tal como consagra la Constitución de la República.
Por último, es importante la elaboración de dispositivos para que todos los segmentos de la sociedad comprendan las causas, efectos y estructuración del plan estratégico de seguridad, para que puedan incorporarse en el diseño e implementación efectivo del mismo, para finalmente no politizar este asunto tan delicado para la nación.
Preservemos pues nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, que son el principal soporte de nuestra soberanía nacional, guardianes de nuestras fronteras y protectores de nuestra de democracia, pues como decía el presidente Kennedy, los problemas básicos no son susceptibles de soluciones militares.
Exijámosle a policías, fiscales y jueces que cumplan por entero y con responsabilidad patriótica sus sagrados compromisos como servidores del Estado, devolviendo así la serenidad y convivencia pacífica a una sociedad que se encuentra atemorizada porque de no ser así, ¡esa misma sociedad y Dios se los tomarán en cuenta!
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