Los costos de la inseguridad ciudadana

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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“Hay riesgos y costos para la acción. Pero son mucho menores que los riesgos de largo alcance de la cómoda inacción”.
-John F. Kennedy-
 
La epidemia de inseguridad ciudadana que infecta a la sociedad dominicana está provocando altos costos económicos, sociales e institucionales, a tal punto que si el Estado no toma las prevenciones adecuadas  a tiempo podría frenar el proceso de crecimiento y desarrollo de la nación.
 
Es sabido que los estudios y la experiencia han demostrado que la criminalidad genera inseguridad y ésta, a su vez, cohíbe la confianza económica de las personas, atemorizando los mercados y ahuyentando la inversión, debido a que los inversores no sienten la certeza de lo que pueda suceder en el futuro, dado el escenario de riesgo e incertidumbre en que se desarrollan las actividades de la sociedad.
 
Bajo estos parámetros, una nación como la nuestra donde su economía depende fundamentalmente del turismo y de las remesas que los dominicanos  envían desde el exterior, no puede darse el lujo de que la percepción y sensación de inseguridad se enraícen en la sociedad, pues ambas actividades de captación de divisas están vinculadas a la existencia de ciertos niveles de seguridad ciudadana que el Estado debe estar en capacidad de garantizar.
 
Por tanto, no fue casualidad que el pasado martes 3 de enero, una selecta representación de la alta élite empresarial se reuniera con el presidente Danilo Medina para expresarle la preocupación del sector económico y financiero de la nación ante la gravedad de los niveles de inseguridad ciudadana e incremento de la criminalidad en el país.
 
Y es que, en medio de las actuales condiciones son muchos los sectores que se ven afectados, poniendo en evidencia el alto costo de la inseguridad. Por ejemplo, en el campo macroeconómico, se contrae la inversión nacional y extranjera, a la vez que desalienta el ahorro nacional al existir menos confianza en las probabilidades de crecimiento futuro de la economía.
 
En el sector microeconómico, se reducen las oportunidades de la necesaria formación del capital humano, no solo por la gran cantidad de traumas físicos y psicológicos producto de las víctimas de la criminalidad, sino también, por la deserción estudiantil a causa del involucramiento de los jóvenes vulnerables  en la delincuencia, los cambios en los horarios de clases producto de los actos delictivos y las demás alteraciones de restricción de libertades individuales en las actividades cotidianas de los ciudadanos.
 
En el ámbito social, la inseguridad ciudadana incide nocivamente en el desempeño laboral, educativo y en la disminución de la calidad de vida, impactando negativamente en el aumento de los altos costos en términos del Producto Interno Bruto (PIB), del gasto público, del gasto privado y, por ende, en la disminución del desarrollo económico nacional.
 
Así como también, produce traumas colectivos de carácter sociocultural al transformar la manera tradicional de los dominicanos de construir sus vínculos sociales, produciendo un progresivo daño de los espacios públicos, lo que aumenta el círculo vicioso de la desigualdad y exclusión social.
 
Los argumentos que hemos expuesto son corroborados por los registros estadísticos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), cuyos últimos levantamientos revelan que el 74.6% de las personas tienen una percepción negativa sobre la seguridad ciudadana en el país. Afirmando más adelante que: “Esta percepción negativa cambia los hábitos de vida de las personas y les cohíbe de actuar en plena libertad de acuerdo a sus intereses”.
 
Pero también estos costos de la inseguridad pública se ven reflejados en el incremento del gasto de las empresas, comercios, residencias y todo tipo de negocios, por verse forzados a contratar seguridad privada o corporativa ante la clara ineficiencia del Estado en proveer seguridad, en vez de utilizar esos recursos en reinversión, con el objeto de aumentar la productividad en un mercado global altamente competitivo.
 
En todo este contexto, nos preguntamos: ¿Cuántos recursos el país está perdiendo en términos económicos y de desarrollo humano a causa de la inseguridad?
 
Es sabido que los mercados actuales han llegado a cuantificar económicamente la vida y hasta la propia muerte. Como ejemplo de ello, podemos mencionar los seguros de vida y seguridad social. Siendo estos costos tangibles y fácilmente cuantificables.
 
Pero para los fines de este análisis, deseamos hacer énfasis en otros costos que nunca son calculados por ser intangibles, por ejemplo, la violencia social provocada por las condiciones económicas del país donde numerosas familias se están desintegrando debido a que los padres se ven obligados a emigrar a otros países en busca de mejores condiciones de vida.
 
Aquí nace otra pregunta: ¿Cuál es el costo de esas remesas de padres emigrantes versus el costo social de la destrucción de los hogares dominicanos y la producción masiva de hijos desamparados?
 
A la larga, estamos seguros de que la nación asumirá un alto costo en la pérdida de esos recursos humanos -tanto de padres e hijos-, indispensables para la cohesión social y desarrollo nacional.
 
Para ser justos, sabemos bien que tratar de cuantificar los costos de inseguridad es una tarea muy compleja, así como también es la labor de calcular los resultados de la prevención, debido a la intangibilidad estructural de sus parámetros.
 
Pero podríamos empezar por evaluar factores tangibles, como son los costos en atención médica que gastan el Estado y el sector privado producto de la violencia contra las personas, tales como costos personales, costos hospitalarios, costos de rehabilitación y costos jurídico-legales.
 
Además, también deben tomarse en cuenta los costos de las empresas en seguros médicos, en comparación con lo que el Estado podría ahorrase si éste brindara una seguridad pública eficiente y efectiva; así como los costos que están contenidos en los delitos contra el patrimonio que son determinantes desde la perspectiva de los activos que poseen los agentes económicos.
 
De manera, que enfocamos este tema en especial por entender que la cuantificación de los costos de la inseguridad ciudadana es un elemento fundamental para que el Estado pueda comprender y “aceptar” la verdadera dimensión de la criminalidad e inseguridad, y cómo estos afectan el desarrollo de la nación, puesto que tarde o temprano, el hecho de no asumir “los riegos y costos de la acción”, conllevaría a las autoridades a pagar un alto costo político por su “cómoda inacción”.
 
En este aspecto, debido a la falta de información en este tema, a la baja calidad de las cifras oficiales, al ocultamiento de las mismas y a los confusos métodos de medición, sugerimos a los tomadores de decisiones que pidan asesoramiento a los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en esta área, para que realicen los estudios pertinentes a los fines de rediseñar sus planes y estrategias públicas de seguridad.
 
De esta manera, los funcionarios del Estado se darían cuenta de cómo el significativo porcentaje de los costos de la inseguridad ciudadana y criminalidad está devorando el presupuesto de la nación, ya que sale más costoso la inseguridad  que la cuantiosa inversión en la seguridad.
 
A manera de ilustración, tenemos algunas naciones vecinas en donde el porcentaje de inseguridad ciudadana representa casi el 15% del PIB, lo que equivaldría a más de un tercio de la inversión privada a nivel nacional y que superaría con creces muchos presupuestos de importantes ministerios del gobierno.
 
Finalmente, los razonamientos anteriores demuestran cómo la inseguridad incrementa la pobreza y la desigualdad, con lo que se genera más crimen y violencia; cómo la inseguridad se transforma en un pesado lastre para la inversión nacional y extranjera, lo que debería invitar a las autoridades a reflexionar sobre las expresiones del sobresaliente presidente estadounidense John F. Kennedy cuando dijo: “Hay riesgos y costos para la acción. Pero son mucho menores que los riesgos de largo alcance de la cómoda inacción”.
 
el pNa consequisi euguero dolenibh eum zzrilit vercin ullut in ulluptat adion heniat lobdsvdsvads Para comunicarse con el autor
 
fuerzadelta3@gmail.com
 
El autor es miembro del Círculo Delta. Lea esta historia en Ex jefe de la
 
Policía Nacional _Costa Rica ))  Intercambio Santo Domingo
 
Una delegación de funcionarios judiciales de Costa Rica visitó el Centro de Entrevistas para Personas en Condición de Vulnerabilidad, Víctimas o Testigos de Delitos del Distrito Nacional, con la finalidad de conocer su experiencia y funcionamiento.
 
Eugenia Salazar Elizondo, fiscal adjunta de género del Ministerio Publico; Angie Bartels Calderón,  del Organismo Investigativo Judicial, Jefe de sección de delitos contra la integridad física, trata y tráfico de persona; y  Elizabeth Ballestero Araya, Gerente Técnica de Patronato Nacional de la Infancia (PANI), visitaron la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género (Difnag), en compañía de la magistrada Esther Elisa Agelán Casasnovas, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
 
La delegación de Costa Rica participó en el país del Taller de Coordinación e Investigación de la Pornografía Infantil Online, auspiciado por la Embajada Británica en Santo Domingo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Escuela del Ministerio Público. Fueron recibidas por  las licenciadas Iluminada González, directora de la Difnag; Sigem Arbaje, encargada de la División de Género y Familia; Alicia Arbaje, coordinadora del Centro de Entrevista; Miledys Pringles, asistente de la División de Género; Santa Ortiz, asistente de la División De Niños, Niña y Adolescentes; Mirossi Chang, sicóloga de la Dirección, y Ángela García, encargada Administrativa.
 
Las visitantes mostraron su satisfacción por la experiencia desarrollada en los Centros de Entrevistas que benefician el acceso a la justicia y evitan la revictimización de las personas en condición de vulnerabilidad.
 
um z personas, tales como costos personales, costos hospitalarios, costos de rehabilitación y costos jurídico-legales.
 
Además, también deben tomarse en cuenta los costos de las empresas en seguros médicos, en comparación con lo que el Estado podría ahorrase si éste brindara una seguridad pública eficiente y efectiva; así como los costos que están contenidos en los delitos contra el patrimonio que son determinantes desde la perspectiva de los activos que poseen los agentes económicos.
 
De manera, que enfocamos este tema en especial por entender que la cuantificación de los costos de la inseguridad ciudadana es un elemento fundamental para que el Estado pueda comprender y “aceptar” la verdadera dimensión de la criminalidad e inseguridad, y cómo estos afectan el desarrollo de la nación, puesto que tarde o temprano, el hecho de no asumir “los riegos y costos de la acción”, conllevaría a las autoridades a pagar un alto costo político por su “cómoda inacción”.
 
En este aspecto, debido a la falta de información en este tema, a la baja calidad de las cifras oficiales, al ocultamiento de las mismas y a los confusos métodos de medición, sugerimos a los tomadores de decisiones que pidan asesoramiento a los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en esta área, para que realicen los estudios pertinentes a los fines de rediseñar sus planes y estrategias públicas de seguridad.
 
De esta manera, los funcionarios del Estado se darían cuenta de cómo el significativo porcentaje de los costos de la inseguridad ciudadana y criminalidad está devorando el presupuesto de la nación, ya que sale más costoso la inseguridad  que la cuantiosa inversión en la seguridad.
 
A manera de ilustración, tenemos algunas naciones vecinas en donde el porcentaje de inseguridad ciudadana representa casi el 15% del PIB, lo que equivaldría a más de un tercio de la inversión privada a nivel nacional y que superaría con creces muchos presupuestos de importantes ministerios del gobierno.
 
Finalmente, los razonamientos anteriores demuestran cómo la inseguridad incrementa la pobreza y la desigualdad, con lo que se genera más crimen y violencia; cómo la inseguridad se transforma en un pesado lastre para la inversión nacional y extranjera, lo que debería invitar a las autoridades a reflexionar sobre las expresiones del sobresaliente presidente estadounidense John F. Kennedy cuando dijo: “Hay riesgos y costos para la acción. Pero son mucho menores que los riesgos de largo alcance de la cómoda inacción”.