La agresión a bombazos, tiros y empujones de que fueron objetos la mañana de este martes los jóvenes del Frente Amplio de Lucha Popular y el Movimiento Somos (Marcha verde), que intentaron colocar un campamento de protesta anticorrupción frente a la Procuraduría general de la República (PGR) y la Suprema Corte de Justicia, es ilegal y violatoria a la Constitución Dominicana, que avala las manifestaciones pacíficas.
La Carta Magna es muy clara en su artículo 48, donde habla claramente sobre la -Libertad de reunión-. Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley.
Durante el incidente fueron apresados decenas de jóvenes y agredidos varios diputados que se solidarizaban con la protesta, entre ellos Pedro Botello, vicevocero del Partido Reformista Social Cristiano en la Cámara de Diputados. El representante de La Romana debió ser hospitalizado y colocarle oxígeno para que sus pulmones volvieran a funcionar con normalidad.
Este martes, Agentes de la Policía Nacional desalojaron a tiros, bambazos y empujones a un grupo de jóvenes integrantes del Frente de Amplio de Lucha Popular (Falpo) que intentaron instalarse frente al edificio de la Procuraduría General de la República.
El Falpo había anunciado que este día instalaría un campamento frente a la Procuraduría en demanda del fin de la impunidad y que sean llevados a la cárcel los corruptos, entre otras exigencias.
La agresión se produjo para impedir que fueran colocadas varias carpas, desde donde los manifestantes pretendían demandar que el procurador Jean Alain Rodríguez publique los nombres de los implicados en el caso Odebrecht.
Al lugar se presentó el diputado nacional Fidelio Despradel, quien aseguró que el procurador recibió orden de alargar el tema de la investigación del caso de los sobornos de Odebrecht, no ofreciendo los nombres de los implicados.
La joven Heidy Adon, quien forma parte del grupo, informó que están amparados por la Ley al exigir un derecho que le corresponde.
La pasada semana un grupo de nueve jóvenes, entre éstos, Heidy Adon, lograron llegar hasta el antedespacho del procurador Rodríguez para entregar un documento con estas mismas demandas, pero fueron desalojados rociándoles gas pimienta.
En la UASD
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) suspendió la docencia, luego de que encapuchados protestaran para que sean liberadas las personas detenidas por intentar instalar un campamento frente a la sede de la Procuraduría General de la República.
El director del Departamento de Comunicaciones de esa academia, César Amado Martínez, publicó en su cuenta de Twitter que la suspensión será por el resto del día en la sede.
Investigan
Una comisión para investigar los incidentes ocurridos en el día de hoy en el edificio de la Procuraduría General de la República, en que varios diputados se vieron envueltos cuando acudieron para solidarizarse con los estudiantes que intentaron instalar un campamento, fue designada por la presidenta del organismo Lucía Medina.
La comisión de diputados, que fue impedida por la Policía de entrar a la Procuraduría, lanzándole gases lacrimógenos, estaba encabezada por Fidel Santana y Fildelio Despradel.
Lupe Núñez, vicepresidente del hemiciclo, encabezará la comisión que estará integrada además por representantes de diversos partidos políticos.
Interior responde
El Ministerio de Interior y Policía defendió el accionar de los agentes policiales que dispersaron con bombas lacrimógenas a diputados y manifestantes que se encontraban frente a la Suprema de Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República para instalar un campamento.
En un comunicado, Interior y Policía sostuvo este martes que no se ha violentado derecho alguno de ningún grupo o conglomerado, pero afirmó que las protestas pacíficas deben realizarse dentro del marco del respeto a la Constitución de la República y las leyes, sin violentar el derecho de los demás, el libre tránsito y el desenvolvimiento normal de las instituciones.
Consideró que instalar un campamento durante cinco días y diez horas diarias es un exceso que vulnera el orden público en una zona donde además de la Procuraduría General de la República, está la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, entre otras instituciones que verían afectadas sus actividades.
En una declaración escrita, el Ministerio de Interior expresó que la instalación de la carpa como tenían planificado grupos de protesta evidentemente habría afectado el tránsito normal de una avenida principal como la Jiménez Moya, así como el desenvolvimiento de los usuarios y funcionarios de la Procuraduría General de la República y de las múltiples instituciones oficiales que se encuentran en los alrededores de la Feria.
Agrega que esa actividad habría trastornado también el orden y el derecho que a su vez tienen los demás ciudadanos de transitar por la vía pública sin mayores riesgos ni limitaciones.
El Derecho constitucional en las protestas pacíficas por parte de cualquier ciudadano u organizaciones públicas, cívicas, religiosas y obreras es debidamente protegido por las instituciones gubernamentales cuando cumplan con el marco reglamentario correspondiente, manifestó.
Pero aclara que estas siempre deben respetar el derecho de los demás ciudadanos transeúntes y las normas de convivencia civilizada, y agrega que muestra de ello son los múltiples actos que diariamente se desarrollan en todo el país organizados por diversos grupos sociales, con los cuales oportunamente se coordina dicha protección estatal para evitar o minimizar los trastornos que se puedan generar durante o con motivo de la actividad.
Impedir campamento viola la Constitución
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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