Los jueces votan la constitucionalidad del ingreso en prisión de condenados en segunda instancia.
El Supremo Tribunal Federal (STF) reanuda este jueves una decisiva votación que podría poner en libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 74 años, preso desde abril de 2018, y a otros miles de reclusos.
En la cuarta sesión desde su comienzo el 17 de octubre, los jueces decidirán sobre si es constitucional que los acusados entren en prisión tras ser condenados en segunda instancia o deben esperar a agotar todos los recursos en instancias superiores. Hasta la fecha, cuatro de los 11 magistrados se manifestaron en contra y tres a favor de cambiar la jurisprudencia.
De alcanzarse un 5 a 5, sería el presidente del Supremo, Dias Toffoli, el encargado del voto de desempate. El caso «no se refiere a ninguna situación en particular», dejó claro Toffoli cuando comenzó el juicio.
En 2016, al calor de la operación Lava Jato, la Corte autorizó la ejecución de la pena antes de que se agotaran todas las apelaciones, pero el Colegio de Abogados de Brasil (OAB), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Patriota recurrieron con el argumento de que la presunción de inocencia impide la ejecución de una sentencia mientras todavía haya recursos en tribunales superiores, es decir, ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) o el Tribunal Supremo.
Los defensores del cambio opinan que la ejecución de la pena en segunda instancia contribuye a aumentar la población en las cárceles, mientras que los magistrados a favor piensan que disminuye la sensación de impunidad y combate la corrupción.
En la prensa se especula con una «solución intermedia»: eliminar la cárcel tras la segunda instancia, pero permitirla para los que hayan sido condenados, al menos una vez, por los tribunales superiores. En ese caso, Lula seguiría preso.
El caso de Lula
Lula fue condenado a una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex en la ciudad Guarujá, en el estado de Sao Paulo, en el marco de la megaoperación anticorrupción ‘Lava Jato’. El expresidente ya fue condenado en ese caso por el STJ, pero le quedarían todavía recursos pendientes. Por lo que, si el STF decide cambiar la jurisdicción, el exmandatario saldría de la cárcel para seguir el proceso en libertad.
El expresidente aseguró que si sale de la cárcel comenzará una gira por el país, pero el líder del PT seguirá teniendo sus derechos políticos suspendidos como marca la ley brasileña para los condenados en segunda instancia.
El martes, en un intento de presionar, un grupo de senadores entregó a Toffoli una carta con 43 firmas en defensa de la prisión después de la condena en segunda instancia. Los senadores, entre ellos Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, Jair Bolsonaro, resaltaron que la actual medida es «fundamental» para combatir «el sentimiento de impunidad presente en la sociedad». Asimismo, agregaron también que el cambio supondría «un grave riesgo para la liberación en masa de innumerables condenados por corrupción y por delitos violentos».
Según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), la medida también afectaría a 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en el caso anticorrupción Lava Jato. Los considerados peligrosos o que fueron presos de manera preventiva no accederían a la libertad. La salida de prisión tampoco sería inmediata y la Justicia analizaría caso por caso. Brasil tiene en la actualidad de 836.820 personas en sus cárceles, incluidas las que se encuentran en prisión preventiva.
El ministro de Justicia, Sergio Moro, quien fue el juez encargado de la mayoría de los juicios de Lava Jato, considera que cambiar la ley será un retroceso «en el combate de la impunidad» en Brasil. Para el exjuez una modificación de la jurisprudencia supondría un duro golpe, y también para Bolsonaro, quien prometió en campaña que «Lula se pudriría en la cárcel».
«Víctima de una conspiración»
El expresidente (2003-2010) fue condenado también a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero en la reforma de una casa en Atibaia, Sao Paulo, pero la condena no está confirmada en segunda instancia y, además, tiene por lo menos otros seis procesos abiertos ante la Justicia.
Lula niega todas las acusaciones y alega que ha sido víctima de una conspiración para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de octubre de 2018. La condena del triplex dictada por Moro inhabilitó al líder petista como candidato en los comicios en los que era el gran favorito.
