Los Ángeles.-Defensores de los derechos de los inmigrantes hicieron hoy en Los Ángeles un llamado a legisladores y al Gobierno de Donald Trump para que se mantenga el Estatuto de Protección Temporal (TPS) que protege a miles de inmigrantes, entre ellos más de 300,000 centroamericanos.
“Estos inmigrantes tienen raíces muy profundas en nuestra comunidad, con hijos, propiedades y aportes de más de quince años que deben ser respetados” dijo a Efe Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen-Los Ángeles).
La manifestación de hoy hace parte de una estrategia nacional para dar a conocer a la administración Trump, el Congreso y la misma comunidad el aporte de los beneficiarios del TPS, que por años han pasado la rigurosa inspección de las autoridades federales.
“Escogimos esta fecha 22 de julio porque hoy se vencería el TPS de los haitianos, a los que solo les renovaron el beneficio por seis meses, y han sido los primeros amenazados del gobierno” explicó Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
Tanto el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, como James McCament, director interino del Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), han argumentado que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente como para poner fin a la “situación de protección temporal” de la que gozan 58,706 haitianos y que estos deberían prepararse para regresar a su país.
“Si no defendemos ahora a los haitianos, después van a derogar el TPS de los centroamericanos que tienen 15 y 19 años con el beneficio, así que es hora de unirnos por defender el estatus e inclusive pedir una residencia” insistió Arévalo Según datos de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (Uscis) a finales del 2016 había 263.282 salvadoreños amparados por el TPS que está vigente hasta el 9 de marzo del 2018.
Además, 86.163 hondureños y 5.349 nicaragüenses están registrados bajo el programa que en su caso vence el 5 de enero del próximo año. Tras 35 años viviendo en Estados Unidos, la hondureña Sonia Paz no creyó que su estancia en el país estaría en peligro.
La inmigrante centroamericana está amparada por el TPS desde 1999, después que su país fue devastado por el Huracán Mitch, y ahora que tiene hijos y nietos estadounidenses dice que sería una sentencia de muerte enviarla de regreso a Honduras.
“Yo he pagado impuestos todos estos años, he trabajado muchísimo, no tengo una sola infracción y en mi trabajo mis compañeros, muchos americanos (de EE.UU.), me dicen nosotros te vamos a defender, no es justo lo que te quieren hacer” apuntó Paz.
Un estudio difundido esta semana por el Centro para Estudios de Inmigración (CMS) reveló que entre el 81 % y el 88 % de los beneficiarios del TPS trabajan. Ese porcentaje es muy superior al de la población general (63 %) y al de los inmigrantes (66 %).
El informe recomienda extender el amparo migratorio e incluso facilitar un estatus permanente a la mayoría de beneficiarios.
Las manifestaciones y llamados en busca de solidaridad que se realizan hoy en el país están encaminados a la preparación de una gran vigilia frente a la Casa Blanca en el mes de octubre, en la que se espera a los cardenales católicos de Honduras y El Salvador.
