Organizaciones empresariales y de la sociedad civil solicitan la intervención directa del presidente Leonel Fernández para que adopte acciones contundentes que hagan posible la aplicación universal e integral de la Ley 340-06 de Compra y Contrataciones Públicas.
Los demandantes son Participación Ciudadana (PC), las asociaciones de Jóvenes Empresarios (ANJE) e Industriales de Herrera (AEIH), así como la Federación de Asociaciones Industriales (FAI) y la Liga Dominicana de Agencia.
Indicaron que los Informes de Monitoreo del Observatorio a las Contrataciones Públicas, patrocinados por Acción Ciudadana señalan que más del 40% de las instituciones del Estado no están cumpliendo con la Ley de Compra y Contrataciones Públicas, menos del 10% cumplen con los procesos de licitaciones, y una gran parte no publican todas las informaciones en las páginas Web.
Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, indicó que asimismo el Portal Compras Dominicanas es simplemente informativo, no permite manejar transacciones y solo presenta parte de las informaciones exigidas por la ley.
“Este portal es poco funcional y no ofrece herramientas para el monitoreo y control de los procesos de compras y contrataciones”, expresó Cabreja.
La Mesa de Contrataciones y Adquisiciones entiende que la Ley de Compras y Contrataciones Públicas no se está cumpliendo por parte de la mayoría de las entidades públicas, debido a la falta de compromiso de los funcionarios y la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y de control de los órganos estatales correspondientes.
La Mesa entiende que hay poca voluntad política para cumplir con la normativa vigente pues las leyes son para cumplirlas íntegramente, no para cumplirlas a medias, en dependencia de las conveniencias o criterios de los funcionarios intervinientes.
El sentir de la Mesa es que la lucha contra la corrupción no tiene posibilidad de éxito si no se aplican correctamente las leyes, normas y procedimientos de control diseñados para evitar manejos inadecuados de los recursos del Estado, además si los ciudadanos no reclaman la esperada transparencia de los procesos y la permanente aplicación de sanciones a los responsables de actos ilegales.
Por esta razón las organizaciones empresariales y de la sociedad civil integradas en la Mesa de Contrataciones y Adquisiciones debatieron durante dos meses esta problemática y formularon propuestas para mejorar y avanzar en la implementación de la Ley de Contrataciones Públicas.
